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Qué debe hacer su empresa en los siete días siguientes a recibir una denuncia

Equipo Canal CumplimientoNoviembre de 2026 · 6 min de lectura

La primera semana decide casi todo: si la empresa podrá demostrar que actuó con diligencia o si tendrá que explicar por qué no lo hizo.

La Ley 2/2023, de protección de las personas que informan sobre infracciones, fija un calendario claro. El plazo más corto llega enseguida: el acuse de recibo al informante debe enviarse en los siete días naturales siguientes a la recepción, salvo que hacerlo ponga en peligro la confidencialidad (art. 9.2.c). Pero esa semana sirve para mucho más que para acusar recibo.

1. Registrar la comunicación

Toda empresa obligada debe llevar un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones a que den lugar (art. 26). Ese registro no es público y solo el juez puede acceder a él. Anotar fecha, hora, canal de entrada y estado desde el primer minuto es lo que después permite probar que los plazos se cumplieron.

2. Comprobar si los hechos pueden ser delito

Si los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, la información se remite al Ministerio Fiscal con carácter inmediato; si afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, a la Fiscalía Europea (art. 9.2.j). «Inmediato» no admite esperar al final de la investigación interna.

3. Proteger al informante

La ley prohíbe expresamente las represalias, incluidas las amenazas y las tentativas (art. 36). En los primeros días conviene revisar si hay decisiones en curso que afecten al informante (un despido, un cambio de puesto, una evaluación) y dejar constancia de por qué se adoptan, si se adoptan. Su identidad no puede revelarse a terceros (art. 33).

4. Asegurar la información

Antes de mover ficha, hay que preservar lo que pueda perderse: documentos, registros y correos que la empresa pueda conservar legítimamente. Y, al mismo tiempo, suprimir los datos personales que no sean necesarios para investigar los hechos (art. 32.2).

5. Decidir si se investiga

Si se abre investigación, el plazo para responder es de tres meses, ampliable otros tres en casos de especial complejidad (art. 9.2.d). Si no se abre, transcurridos tres meses sin actuaciones los datos deben suprimirse, salvo para dejar evidencia del funcionamiento del sistema y siempre de forma anonimizada (art. 32.4).

6. Pensar en la persona afectada

La persona a la que se atribuyen los hechos tiene derecho a ser informada y a ser oída en cualquier momento, pero en el tiempo y la forma que garanticen el buen fin de la investigación (art. 9.2.f). Y siempre con respeto a la presunción de inocencia y al honor (art. 9.2.h).

Lo que está en juego

Las infracciones de la ley se sancionan, para las personas jurídicas, con multas de hasta 100.000 euros las leves, de 100.001 a 600.000 euros las graves y de 600.001 a 1.000.000 de euros las muy graves; en las muy graves, además, puede prohibirse obtener subvenciones durante un máximo de cuatro años y contratar con el sector público durante un máximo de tres (art. 65).

Por eso Canal Cumplimiento lleva cada plazo en pantalla, avisa antes de que venza y deja constancia sellada de cada paso.

Fuente: Ley 2/2023, de 20 de febrero, texto consolidado en el BOE. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

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